Una nueva ley orientada a la equidad de género fue sancionada este miércoles en la Legislatura de Córdoba. Se trata de una norma tendiente a promover la paridad entre mujeres y hombres en los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas radicadas en la provincia.

La legisladora Carolina Basualdo, presidenta de la primera de esas comisiones, manifestó hoy ante el pleno que “si bien en los últimos años las mujeres hemos logrado importantes avances en materia de igualdad de oportunidades y derechos, y Córdoba ha sido siempre pionera en legislación en esta materia, aún persisten dificultades para que las mujeres logremos alcanzar puestos decisivos en distintos ámbitos de la vida social, política y económica”.

En ese sentido, detalló que en la provincia la participación femenina en cargos principales de asociaciones civiles y fundaciones llega casi al 48 por ciento, lo cual puede entenderse como originado en los mandatos culturales establecidos por género, ya que se trata, en su mayoría, de organizaciones del sector social y de cuidados. No obstante, en el resto de sociedades jurídicas privadas la participación de las mujeres en los cargos alcanza solo al 20 por ciento, según datos de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ) dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia.

“Hoy vamos a dar un paso más en la equidad para nuestras mujeres. Esta igualdad efectiva entre mujeres y hombres continúa siendo más un objetivo que una realidad. Por ello, la mirada de género debe estar presente en las políticas públicas y en la legislación, y en pos de eso trabajamos cada día”, concluyó Basualdo.

A su turno, la legisladora Silvia Paleo señaló que “en materia de equidad, en el ámbito público se viene dando pelea hace muchas décadas, y es ese trabajo de hombres y mujeres que abrieron camino el que permite seguir avanzando en nuevos derechos”. Y agregó que “en el ámbito privado también hay muchas brechas sobre las que trabajar, permitiendo que el Estado ayude a reducir las desigualdades del sistema, pero siempre respetando la autonomía que el sistema jurídico consagra”.  

Cabe indicar que la ley aprobada hoy no obliga a las empresas ni a las instituciones sin fines de lucro a incorporar mujeres a sus órganos de dirección o fiscalización. Por el contrario, la norma crea un régimen de promoción que, entre otras cosas, contempla la posibilidad de que las asociaciones en las que se verifique la paridad de género obtengan diferentes retribuciones.  

Así, la ley sancionada afirma que se entenderá que las personas jurídicas privadas respetan la paridad de género cuando sus órganos de administración y fiscalización sean integrados por al menos el cincuenta por ciento de miembros femeninos. El cumplimiento de esta condición será certificado por el IPJ, y con ello accederán a beneficios o exenciones impositivas que dispongan los organismos estatales que promueven la equidad de género.